Raymond Orta, experto en delitos informáticos: Hackeo de twitter de opositores conlleva prisión entre 2 y 8 años

Publicación: 09/09/2011 01:00:00 a.m.
En al menos cuatro delitos, estipulados en la Ley de Delitos Informáticos, podrían estar incurriendo el o los “hackers” que recientemente vienen interviniendo las cuentas en twitter o correo de algunos periodistas y personalidades identificadas con la oposición.

Así lo señaló, en entrevista telefónica para El Impulso el abogado procesal, experto en informática forense, Raymond Orta, quien definió la situación como un “un ataque múltiple”.
El primero de los delitos que se podría tipificar en este caso es el acceso indebido a sistemas protegidos, el cual se configura cuando accedemos a cuentas personales a las cuales se entra solamente con clave, y utilizamos una que no nos pertenece.
En segundo lugar, el jurista se refirió al delito de espionaje informático, es decir, “cuando entramos a ver los contenidos”. Si adicionalmente se hace pública la información obtenida a través de estas violaciones se verifica un agravante, explicó Orta.
Por otra parte, los “hackers” que se hacen llamar N33 podrían estar incurriendo en un tercer delito tipificado como violación de privacidad de los datos. “Adicionalmente, aquí ocurrió algo grave como fue la falsificación electrónica. Según la ley, esto se puede producir a través de textos o mensajes de datos, así como con la alteración o modificación de imágenes sin autorización de la persona, en este caso tomaron los avatar de los intervenidos y les colocaron una boína roja”, explicó el especialista.

Prisión hasta ocho años
Las penas de los delitos señalados comprenden prisión entre dos y 8 años, dependiendo de la gravedad. Orta resaltó que en el caso de las personalidades infiltradas los delitos tienen el agravante de haber sido cometidos por un motivo innoble. “En Venezuela existe la libertad política y el derecho a la privacidad, y vulnerar estos derechos no acepta ningún tipo de excusas”, manifestó.
En cuanto a la forma como pudo haberse perpetrado estas violaciones, el abogado maneja dos posibilidades. Una de ellas apunta a la vulnerabilidad de las claves de acceso establecidas por las víctimas o los titulares.
“Existe un 50% de usuarios de internet en el mundo que poseen passwords que son fáciles de adivinar. La primera hipótesis es que las víctimas estaban entre este 50%”, manifestó.
No obstante, tiene razones para ser suspicaz.
“Al hacer deducciones sobre algunas declaraciones de este presunto grupo, donde aseguraban que podían hackear las cuentas en 9 minutos, allí estaríamos hablando de algo más delicado, porque no existe ninguna persona preparada para obtener en ese tiempo una clave, a menos que esté en puntos claves de la red de Venezuela, que tenga cierta información previa de la persona”, advirtió Orta.

La vulnerabilidad de ABBA

“Aquí podría estar en presencia de una vulnerabilidad del principal proveedor de servicios del país, que es el Estado (ABBA)” agregó además.
Ante la interrogante de si pudiera tratarse de alguien con acceso a la plataforma tecnológica gubernamental, el experto aclaró que “puede ser una persona que trabaje allí y lo esté haciendo sin autorización”.
“Las hipótesis son muy variadas y hasta que no se concrete una investigación sería especular, pero sí existen funcionarios que tienen acceso a este nivel de comunicación”, completó.
Los periodistas Roland Carreño, Ibeyise Pacheco, Kiko Bautista, Berenice Gómez, Leonardo Padrón y más recientemente la directora de la ong Control Ciudadano, Rocío San Miguel, son algunos de los que han sufrido las violaciones informáticas.
La última acudió este jueves al Ministerio Público con el fin de interponer una denuncia formal para que se inicie una investigación penal.
Sobre este tipo de investigaciones, el abogado comentó que requieren tiempo, dado que se precisa seguir un procedimiento que alude protocolos internacionales.
“Las redes utilizadas o intervenidas (twitter, correos electrónicos) tienen sedes fuera del país, específicamente EEUU, y se necesita que brinden una información que no es tan fácil de obtener, ya que se requieren procedimientos legales”, dijo.
Entre estos, el Ministerio Público debe oficiar a la red, y en algunos casos debe verificarse si esas solicitudes son procedentes en ese país. “Yo sé que ya hay dos fiscalías que estan conociendo casos similares de personalidades, no obstante, la principal red de Venezuela, en este caso Abba, también se podría preocupar en iniciar una investigación”, agregó.
Por otro lado, el jurista indicó que lo que ha pasado recientemente no es nada nuevo en el país, sólo que ha sido más “escandaloso” en función de las víctimas y la rapidez con que pasó.
“Los delitos informáticos son comunes en Venezuela desde antes de la aprobación de la ley. Existe un alto índice de delitos que estan relacionados con la materia económica y bancaria, y ahora con la suplantación de identidad en las redes sociales, lo que pasa es que no tiene la mayor difusión”, advirtió Orta.
Cree que existe un equipo preparado en el país para llevar a cabo la investigación. “Hay que dejar que actúen”, finalizó el informático forense.
María Alessandra Matute
http://www.elimpulso.com/Pages/VerNoticia.aspx?id=127477